Analisis entre Politica Criminal y Politica General

 

 

La Política General abarca el conjunto de decisiones y acciones que un gobierno lleva a cabo para abordar los problemas y necesidades de la sociedad en su conjunto. Abarca una amplia gama de áreas, como la economía, la educación, la salud, el medio ambiente, la infraestructura, la cultura, entre otras. La política general se caracteriza por su amplitud, su transversalidad y su enfoque a largo plazo.

Como punto central esta busca promover el bienestar general de la población, mejorar la calidad de vida, fomentar el desarrollo socioeconómico, y garantizar la igualdad de oportunidades. Para ello, utiliza una variedad de herramientas, como la legislación, la regulación, el presupuesto público, los programas sociales, las campañas de sensibilización, entre otras.

Política criminal desde el enfoque del delito como tal, por su parte, se centra específicamente en la prevención y el control del delito, así como en la respuesta a las consecuencias del mismo. A diferencia de la política general, la política criminal se caracteriza por su especialización, su enfoque en el corto y mediano plazo, y su carácter coercitivo.

Esta busca reducir la criminalidad, proteger a las víctimas, rehabilitar a los delincuentes, y garantizar la seguridad ciudadana. Para ello, utiliza una variedad de herramientas, como el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho penitenciario, la policía, la fiscalía, los tribunales, las prisiones, los programas de prevención del delito, entre otras.

La Política Criminal, tal como se concibe y se aplica en la actualidad, presenta una serie de desafíos y limitaciones que es necesario abordar de manera crítica y constructiva. En particular, es preciso superar la visión tradicional de la Política Criminal como mera herramienta de represión y castigo, y adoptar un enfoque más integral y multidisciplinario que tenga en cuenta las causas y factores del delito, así como las necesidades y derechos de las víctimas y los delincuentes. En este sentido, Borja Jiménez (2003) señala que la creación de las instituciones penales no solo debe contemplar "la ley penal de la que deriva, sino también su aptitud funcional para resolver problemas de la existencia humana" (p. 113).

 

Diferencias clave entre política criminal y política general.

Si bien la política criminal forma parte de la política general, existen diferencias clave entre ambas:

 La política general abarca todos los problemas y necesidades de la sociedad, mientras que la política criminal se centra específicamente en el delito.

La política general busca promover el bienestar general, mientras que la política criminal busca prevenir y controlar el delito. Por consiguiente, utiliza una variedad de herramientas, mientras que la política criminal se basa principalmente en el derecho penal y el sistema de justicia penal. La política general tiene un enfoque a largo plazo, mientras que la política criminal se centra en el corto y mediano plazo. La política general es principalmente persuasiva y promocional, mientras que la política criminal es coercitiva y sancionadora.

Beneficios de una política criminal bien planteada y dirigida.

 

Una política criminal bien planteada y dirigida puede generar una serie de beneficios esenciales para la sociedad:

1.Reducción de la criminalidad: eficaz puede disminuir la incidencia de los delitos, tanto en términos cuantitativos (número de delitos) como cualitativos (gravedad de los delitos).

2. Mejora de la seguridad ciudadana   que protege a las víctimas y previene el delito contribuye a crear un entorno más seguro y pacífico para todos los ciudadanos.

3. Protección de los derechos de las víctimas está centrada en las víctimas garantiza sus derechos, satisface sus necesidades y repara el daño causado por el delito.

4. Rehabilitación de los delincuentes capaz de promover la rehabilitación y reinserción de los delincuentes puede reducir la reincidencia y contribuye a la construir una sociedad más justa e inclusiva.

5. Fortalecimiento del Estado de derecho que respeta los derechos humanos y garantiza el debido proceso contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones.

6. Optimización de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz maximiza el impacto de las intervenciones y reduce los costos sociales del delito.

Sin embargo, es crucial tener en cuenta que una política criminal mal diseñada o implementada puede tener efectos negativos, como el aumento de la criminalidad, la violación de los derechos humanos, el derroche de recursos públicos, la estigmatización de determinados grupos sociales, entre otros. Por lo tanto, es fundamental que la política criminal se base en la evidencia científica, se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos, se someta a una evaluación rigurosa y se adapte a las necesidades y características de cada contexto social.

 

Asimismo, es fundamental fortalecer la base científica de la Política Criminal y promover la investigación empírica sobre la eficacia de las diferentes estrategias y medidas de prevención y control del delito. Como menciona Borja Jiménez (2003), se debe superar la separación entre Derecho Penal y Política Criminal establecida por Von Liszt hace más de un siglo (p. 115).

Además, es preciso mejorar la coordinación y colaboración entre los diferentes actores involucrados en la Política Criminal, y promover la participación ciudadana en la definición de las prioridades y objetivos de la política criminal. Es importante recordar que, según Borja Jiménez (2003), la Dogmática Penal y la Política Criminal eran consideradas como dos sectores del conocimiento humano en relación con el delito y sus consecuencias, con ámbitos de actuación y fines autónomos (p. 114).

En definitiva, la política criminal es un campo en constante evolución, que requiere de una reflexión crítica y un compromiso constante por parte de todos los actores involucrados. Solo así podremos construir un sistema de justicia penal más justo, eficaz y legítimo, que contribuya a garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en la sociedad.

Referencia:

Borja Jiménez, E. (2003). El concepto de política criminal: Una aproximación a su significado desde la obra de Claus Roxin. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 56(1), 113-117.