Política Criminal: Más Allá de la Dogmática Penal
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Aracelly Cortes
ESTUDIANTE DE CRIMINOLOGIA, UNED CR |
La Política Criminal, a menudo relegada a un segundo
plano en las discusiones académicas y profesionales del ámbito jurídico-penal,
constituye, en realidad, es la esencial cualquier sistema de justicia penal
moderno y eficaz. Es la brújula que orienta las decisiones legislativas, judiciales
y administrativas en la lucha contra el delito, y su comprensión profunda es
esencial para cualquier profesional del Derecho que aspire a influir
positivamente en la sociedad.
¿Qué Entendemos por Política Criminal?
Definir la Política Criminal no es tarea sencilla,
pues su naturaleza es intrínsecamente multidisciplinaria y evolutiva. Sin
embargo, podemos entenderla como el conjunto de estrategias, medidas y
decisiones adoptadas por el Estado (y otros actores sociales) con el objetivo
de prevenir y controlar el delito, así como de responder a las consecuencias
del mismo.
Es importante destacar que la Política Criminal no se limita al ámbito del Derecho penal. Si bien este último constituye una herramienta fundamental, la Política Criminal abarca un ámbito mucho más amplio, que incluye políticas sociales, educativas, económicas, de salud pública, urbanísticas, entre otras. En este sentido, la Política Criminal se configura como una política pública transversal, que requiere de la coordinación y colaboración de diversos sectores de la administración pública y de la sociedad civil.
Objeto de Estudio de la Política Criminal
El objeto de estudio de la Política Criminal es vasto
y complejo, y puede ser abordado desde diferentes perspectivas. No obstante,
podemos identificar algunos elementos centrales:
1) El delito: la Política Criminal se ocupa del delito como fenómeno
social. Analiza sus causas, factores de riesgo, patrones de comportamiento,
evolución histórica y distribución geográfica. Para ello, se nutre de los
conocimientos aportados por la Criminología, la Sociología, la Psicología, la
Economía y otras disciplinas.
2) El
sistema de justicia penal: la
Política Criminal estudia el sistema de justicia penal en su conjunto, incluyendo
sus instituciones (policía, fiscalía, tribunales, prisiones), sus normas
(Derecho penal, Derecho procesal penal, Derecho penitenciario) y sus prácticas
(investigación, enjuiciamiento, sanción, ejecución penal). Analiza su eficacia,
eficiencia, legitimidad y respeto a los derechos humanos.
3) Las políticas públicas: la Política Criminal examina las políticas
públicas que tienen un impacto directo o indirecto en la prevención y el
control del delito. Evalúa su diseño, implementación, resultados y costos.
4) La
opinión pública: la Política
Criminal considera la opinión pública como un factor relevante en la
configuración de las políticas criminales. Analiza las percepciones de
seguridad, las actitudes hacia el delito y la justicia penal, y las demandas
sociales de protección.
La Política Criminal como Disciplina
La Política Criminal se ha consolidado como una
disciplina autónoma dentro de las ciencias penales, con su propio objeto de
estudio, métodos y objetivos. Sin embargo, su carácter multidisciplinario y su
estrecha relación con otras áreas del conocimiento hacen que su delimitación
sea a veces difusa.
En este sentido, es importante diferenciar la Política
Criminal de otras disciplinas afines, como el Derecho penal, la Criminología y
la Victimología. Si bien todas ellas comparten el interés por el fenómeno
delictivo, sus enfoques y objetivos son diferentes:
El Derecho penal se centra en la definición de los
delitos y las penas, así como en la interpretación y aplicación de las normas
penales. Su objetivo principal es garantizar la seguridad jurídica y proteger
los bienes jurídicos.
La Criminología se ocupa del estudio de las causas y
factores del delito, así como de la prevención y el tratamiento de los
delincuentes. Su objetivo principal es comprender el fenómeno delictivo y
proponer estrategias para su reducción.
La Victimología se centra en el estudio de las
víctimas del delito, sus necesidades y derechos, así como en la reparación del
daño causado. Su objetivo principal es proteger y apoyar a las víctimas, y
promover su participación en el proceso penal.
La Política Criminal, por su parte, se ocupa de la
elaboración y evaluación de las políticas públicas en materia de prevención y
control del delito. Su objetivo principal es mejorar la eficacia, eficiencia,
legitimidad y respeto a los derechos humanos del sistema de justicia penal.
La finalidad general de la Política Criminal es
garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en la sociedad, mediante la
prevención y el control del delito. Sin embargo, esta finalidad general se
concreta en una serie de finalidades específicas, que pueden variar según el
contexto social, político y cultural.
Entre las finalidades específicas de la Política
Criminal, podemos destacar las siguientes:
- Reducir la criminalidad: Esta es, sin duda, la finalidad más evidente y prioritaria de la Política Criminal. Se busca disminuir la incidencia de los delitos, tanto en términos cuantitativos (número de delitos) como cualitativos (gravedad de los delitos).
- Prevenir el delito: La prevención del delito es una finalidad esencial de la Política Criminal, que se aborda desde diferentes perspectivas: prevención primaria (actuando sobre las causas y factores de riesgo del delito), prevención secundaria (dirigida a grupos o individuos en riesgo de cometer delitos) y prevención terciaria (enfocada en la rehabilitación y reinserción de los delincuentes).
- Proteger a las víctimas: La protección de las víctimas del delito es una finalidad cada vez más relevante de la Política Criminal. Se busca garantizar sus derechos, satisfacer sus necesidades y reparar el daño causado.
- Rehabilitar a los delincuentes: La rehabilitación y reinserción de los delincuentes es una finalidad importante de la Política Criminal, que se basa en la idea de que la pena no debe ser únicamente retributiva, sino también reeducadora.
- Legitimar el sistema de justicia penal: La legitimidad del sistema de justicia penal es una finalidad fundamental de la Política Criminal, que se basa en la idea de que el sistema debe ser percibido como justo, eficaz y respetuoso con los derechos humanos.
- Optimizar los recursos: La optimización de los recursos es una finalidad transversal de la Política Criminal, que se basa en la idea de que los recursos públicos deben ser utilizados de manera eficiente y eficaz para lograr los objetivos de la política criminal.
Reflexiones Críticas y Propuestas
La Política Criminal, tal como se concibe y se aplica
en la actualidad, presenta una serie de desafíos y limitaciones que es necesario
abordar de manera crítica y constructiva.
En primer lugar, es preciso superar la visión
reduccionista de la Política Criminal como mera herramienta de represión y
castigo. Es necesario adoptar un enfoque más integral y multidisciplinario, que
tenga en cuenta las causas y factores del delito, así como las necesidades y
derechos de las víctimas y los delincuentes. Como señala Borja Jiménez (2003),
"la creación de cada una de sus instituciones, principios y conceptos, no
contempla exclusivamente la ley penal de la que deriva, sino también su aptitud
funcional para resolver problemas de la existencia humana" (p. 113).
En segundo lugar, es fundamental fortalecer la base
científica de la Política Criminal. Es necesario promover la investigación
empírica sobre la eficacia de las diferentes estrategias y medidas de
prevención y control del delito, así como sobre el impacto de las políticas
criminales en la sociedad. En palabras de Borja Jiménez (2003), se tiene que
acabar con la tajante separación entre Derecho penal y Política Criminal
llevada a cabo por von Liszt hace más de un siglo" (p. 115).
En tercer lugar, es preciso mejorar la coordinación y
colaboración entre los diferentes actores involucrados en la Política Criminal.
Es necesario crear espacios de diálogo y concertación entre la administración
pública, la sociedad civil, la academia y los profesionales del Derecho.
En cuarto lugar, es fundamental promover la
participación ciudadana en la Política Criminal. Es necesario involucrar a la
ciudadanía en la definición de las prioridades y objetivos de la política
criminal, así como en la evaluación de sus resultados.
En quinto lugar, es preciso garantizar el respeto a
los derechos humanos en la Política Criminal. Es necesario asegurar que las
políticas criminales se ajusten a los estándares internacionales de derechos
humanos, y que se respeten los derechos de las víctimas, los delincuentes y la
sociedad en general.
En definitiva, la Política Criminal es un campo en
constante evolución, que requiere de una reflexión crítica y un compromiso
constante por parte de todos los actores involucrados. Solo así podremos
construir un sistema de justicia penal más justo, eficaz y legítimo, que
contribuya a garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en la sociedad.
Referencia:
Borja Jiménez, E. (2003). El concepto de política
criminal: Una aproximación a su significado desde la obra de Claus Roxin.
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 56(1), 113-117
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